Carlos Gómez: “hay compras abreviadas que no están bien justificadas”

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El concejal radical explicó su posición respecto a las contrataciones abreviadas.

 “Si analizamos por ejemplo el procedimiento por el que se quiere contratar por $ 25.700.000.- para la “refuncionalización de la Biblioteca”, a primera vista no parecería existir una situación de urgencia y apremio que permita saltearse la licitación pública correspondiente y que tenga todos los controles necesarios”, explicó Gómez

“El Secretario de Hacienda explicó que los concursos abreviados se realizaban producto de la emergencia de infraestructura declarada por ley provincial 14812 y por aplicación del art. 132 inc. e) de la Ley Orgánica de las Municipalidades que se refiere a la contratación directa en casos de urgencia”, explicó Gómez.

“Para que se pueda aplicar este sistema deben existir situaciones objetivas (urgencias o imprevistos) que obligan a actuar sin demora, es decir que si se realizara una licitación impediría que se cumpla con el objetivo urgente de la contratación”.

“La urgencia en estos casos no debe ser abstracta, general o común, sino que el apremio debe ser concreto y de tal naturaleza que impida la satisfacción del interés público en tiempo oportuno si no se concreta por la vía de la contratación directa en cada caso individual. La urgencia o emergencia requiere de circunstancias objetivamente verificables, probadas con informes técnicos previos a las contrataciones”.

“Incluso en el caso particular de la aplicación de la Ley 14812 el Tribunal de Cuentas Dictaminó que “la Comuna debe contar con un plan que contenga los objetivos perseguidos, la individualización de las obras, la inversión necesaria y el plazo de ejecución de cada una de ellas, justificando la urgencia en cada caso”.

“El órgano de control ratifica que la mera declaración de emergencia no habilita a saltearse los procedimientos de compras establecidos en la Ley Orgánica de manera indiscriminada sino que en cada caso particular debe existir de un “apremio concreto y de tal naturaleza que impida la satisfacción del interés público en tiempo oportuno si no se concreta por la vía de la contratación directa”,  y debe estar justificado en cada caso puntual”.

“Para esta contratación, creemos que se debería haber realizado un procedimiento de “Licitación Pública” tal como lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades dado que se excede ampliamente el límite de los montos de contrataciones previsto para esta modalidad de compra en la Resolución 95/2016 del Ministerio de Gobierno”.

“Por lo tanto estamos solicitando el envío del expediente de esta contratación y un detalle de todas las contrataciones realizadas mediante esta modalidad para poder analizar la legalidad de los mismos, dado que entendemos que esta situación debe ser profundamente analizada por este Concejo Deliberante”, concluyó.

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